Madrid invierte en asistencia a mujeres víctimas, pero olvida el ciberacoso: una deuda urgente en la era digital
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado recientemente una inversión de 1,7 millones de euros destinada al Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM). Este centro, pionero en España, comenzó a funcionar en 2009 y desde entonces ha atendido a miles de mujeres mayores de 16 años, sin necesidad de denuncia previa para acceder a los servicios.
La renovación del acuerdo, con vigencia entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de diciembre de 2027, refuerza la atención psicológica, social y jurídica, consolidando un modelo de apoyo integral. En 2024, el centro realizó 3.867 intervenciones, de las cuales más de 2.000 fueron presenciales y cerca de 1.800 telemáticas.
El equipo está compuesto por 14 profesionales: psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Sin embargo, a pesar del encomiable esfuerzo institucional, existe una carencia evidente y preocupante: no se cuenta con expertos en ciberseguridad ni programas específicos contra la violencia digital, en un contexto donde el 98% de los problemas actuales de violencia tienen como origen la interacción a través de Internet y redes sociales.
La violencia sexual digital: una amenaza ignorada
La violencia de género ha evolucionado. Ya no se limita al ámbito físico o presencial: el acoso digital, la sextorsión, la difusión no consentida de íntimos y otras formas de violencia a través de dispositivos electrónicos son realidades cotidianas para miles de mujeres.
El marco jurídico español, incluyendo la reciente Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida como «Ley del sólo sí es sí»), ya reconoce estos delitos. Sin embargo, la estructura de asistencia pública sigue anclada en un modelo analógico, insuficiente para afrontar los desafíos digitales.
Resulta paradójico que, mientras se despliegan extensas redes de centros de emergencia, pisos tutelados y servicios jurídicos, la Comunidad de Madrid carezca de una unidad especializada en ciberacoso o violencia digital, dejando desprotegidas a las víctimas de una de las formas de violencia más extendidas y dañinas de la actualidad.
¿Qué implica no tener apoyo en violencia digital?
La falta de un programa específico en violencia digital implica:
- Invisibilizar las agresiones online: Desde amenazas, difamación y hostigamiento hasta la manipulación de imágenes íntimas.
- Falta de asistencia técnica: Sin peritos informáticos ni abogados tecnológicos que orienten a las víctimas sobre preservación de pruebas, denuncia adecuada y recuperación.
- Desprotección legal: Muchas víctimas no saben cómo actuar frente a delitos cometidos en redes sociales, apps de mensajería o plataformas de contenido.
- Revictimización: La falta de apoyo especializado perpetúa el daño emocional y social, agravando el impacto del delito.
Inversión sin transformación: una asignatura pendiente
A pesar de la enorme inversión y de los recursos humanos desplegados, el modelo de atención integral sigue sin adaptarse a la realidad digital de las nuevas formas de violencia.
Bahamontes, presidente de la ANTPJI, afirma que resulta incomprensible que, en un ecosistema donde el acceso a las víctimas se produce mayoritariamente a través de Internet, no exista ningún programa de prevención del ciberacoso, formación en autoprotección digital o asesoramiento forense digital, porque invertir no es suficiente, hay que actualizarse con la sociedad de la información.
¿Qué debería hacerse?
- Crear unidades especializadas en ciberacoso y violencia digital, integradas en los centros ya existentes.
- Incluir expertos en ciberseguridad, peritos informáticos y abogados tecnológicos en los equipos multidisciplinares.
- Formar a todo el personal en delitos digitales y preservación de evidencias.
- Desarrollar programas de prevención digital en colegios, institutos y comunidades locales.
- Ofrecer asistencia jurídica específica sobre delitos digitales, medidas cautelares de protección y retirada de contenido.
- Crear una Red de Emergencia Digital para atención inmediata a casos de ciberviolencia.
El esfuerzo de la Comunidad de Madrid en la lucha contra la violencia de género es indiscutible en volumen de recursos, pero carece de actualización conceptual. La violencia ha migrado al mundo digital, pero los programas de asistencia permanecen anclados en una realidad que ya no existe.
Sin una estrategia digital, sin profesionales formados en ciberacoso, sin un compromiso real con la protección de las mujeres en Internet, cualquier inversión corre el riesgo de quedarse obsoleta antes incluso de entrar en vigor.
¿Podemos permitirnos seguir ignorando una forma de violencia que afecta a millones de mujeres a golpe de clic?
La verdadera modernización de los servicios de asistencia a víctimas no pasará solo por construir más centros, sino por adaptarlos al mundo donde hoy se cometen los delitos: el espacio digital.
