En un escenario digno de un thriller legal, Juan José López, un empleado que estuvo de baja por enfermedad durante seis meses, se enfrenta a una serie de acusaciones graves tras su regreso a la empresa. Al presentarse en su lugar de trabajo, se le notificó su despido y se le presentó una demanda por apropiación indebida, malversación de capitales, robo, administración desleal y estafa. Las evidencias en su contra parecían aplastantes, pero un análisis detallado de la evidencia digital reveló una historia muy diferente.
Acusaciones y Evidencias Presentadas
Las acusaciones contra Juan José López estaban respaldadas por varias evidencias digitales:
- Un video grabado enviado por WhatsApp.
- Dos correos electrónicos impresos.
- Una grabación del CCTV del parking.
- Una grabación de acceso a las oficinas.
Aunque las pruebas parecían condenatorias, un examen más profundo reveló inconsistencias y debilidades en la autenticidad de las mismas. El caso se complicó aún más cuando la parte contraria presentó evidencias en formatos analógicos, como pen drives y CDs, sin solicitar la verificación de su autenticidad digital.
Estrategia de Investigación
Ante la gravedad de las acusaciones, Juan José López buscó la ayuda de un perito informático con experiencia en tribunales para demostrar su inocencia, como Ángel Bahamontes, quien centro su estrategia de investigación en desvirtuar las evidencias presentadas:
Video Enviado por WhatsApp: El primer paso fue analizar el video enviado por WhatsApp. En el informe pericial, el Perito Informático, Ángel Bahamontes indicó que esta prueba no era útil para acreditar la fecha ni la hora del evento, ya que el envío de un archivo de video a través de WhatsApp genera una compresión del video y elimina los metadatos relacionados con el dispositivo de captura. Sin metadatos, no es posible determinar el dispositivo de captura, la fecha de creación ni la ubicación geográfica, debilitando así la validez de esta evidencia.
Grabación del Parking: La grabación del parking, presentada en un CD, carecía de cadena de custodia, lo que significa que no se podía verificar quién había proporcionado la grabación ni garantizar que no había sido manipulada. La falta de la evidencia original almacenada en el disco duro del sistema CCTV añadió otra capa de duda sobre la autenticidad de esta prueba.
Grabación de Acceso a las Oficinas: Aunque la grabación mostraba a Juan José entrando a las oficinas a las doce de la noche, se argumentó que solo acudió para recoger a una persona que salía del edificio. No había video ni identificación del control de acceso que demostrara que Juan José entró a las oficinas para manipular el servidor de la empresa. Esta falta de pruebas directas socavó la credibilidad de esta evidencia.
Correos Electrónicos en Papel: Los correos electrónicos presentados como fotocopias no podían ser verificados adecuadamente. La manipulación de un correo electrónico es relativamente fácil si no está protegido por una firma digital. La ausencia de metadatos y la falta de verificación de su autenticidad hicieron que estas pruebas fueran cuestionables.
Análisis Legal y Técnico
El análisis detallado de las pruebas digitales reveló que las evidencias presentadas en formatos analógicos no cumplían con los requisitos técnicos y legales para ser consideradas pruebas concluyentes. Según el artículo 382 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), los instrumentos de filmación y grabación deben ser valorados conforme a las reglas de sana crítica aplicables a su naturaleza. Además, la aportación de pruebas electrónicas debe realizarse con las garantías necesarias para corroborar su autenticidad e integridad.
Tal como explicamos en la pericial informática, los videos e imágenes compartidos por sistemas de mensajería instantánea son comprimidos para su mejor transmisión, ya que el interés está en que puedan enviarse de manera rápida y fácil a sus destinatarios, más que guardar los datos precisos de su creación, como son los metadatos originales.
Toda evidencia digital que se presenta en los Juzgados ha de estar documentada, para que no hay un error de juicio, en este caso no se ha comprobado ni verificado, ni metadatos, ni localización, ni si ha habido una alteración de la filmación en la que se haya filmado a otra persona y por técnicas de programación e Inteligencia Artificial, reemplazando a Juan José
El art.382 LEC regula los instrumentos de filmación, grabación y semejantes, disponiendo que los mismos serán valorados por el tribunal «conforme a las reglas de sana crítica aplicables a aquéllos según su naturaleza»; mientras que el art.384 LEC regula «los instrumentos que permitan archivar, conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase», aplicándoles la misma regla de valoración conforme a las reglas de la sana crítica. El legislador regula la forma en que deben incorporarse estos medios de prueba al proceso y además admite que la parte que los proponga pueda aportar los dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes. También las otras partes podrán aportar dictámenes y medios de prueba cuando cuestionen la autenticidad y exactitud de lo reproducido (art.382.2 y 384.2 LEC).
Gracias a la intervención del perito informático, se demostró que las pruebas presentadas en contra de Juan José López carecían de autenticidad y no cumplían con los estándares legales necesarios. Este caso subraya la importancia crítica de la verificación y autenticidad de las evidencias digitales en los tribunales y la capacitación del Perito Informático para analizar y desvirtuar pruebas digitales puede marcar la diferencia entre una condena injusta y la absolución.
La tecnología y la digitalización han transformado el panorama legal, pero también han introducido nuevos desafíos en términos de autenticidad y manipulación de pruebas. Este caso ejemplifica cómo una defensa basada en el análisis técnico de la evidencia digital puede desvelar la verdad y proteger los derechos de los acusados.
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