En un mundo cada vez más digitalizado, la ciberdelincuencia se ha convertido en una amenaza omnipresente, planteando serios desafíos para la justicia y la seguridad pública. Un reciente informe del servicio de delitos informáticos de la fiscalía provincial de Barcelona, liderado por Roberto Valverde, revela una realidad inquietante: el 97,5% de las estafas informáticas denunciadas en la región quedan sin resolución judicial, evidenciando una impunidad casi total para los ciberdelincuentes.
Este panorama desolador se debe a la complejidad inherente a este tipo de investigaciones, muchas veces con ramificaciones internacionales, la escasez de datos disponibles para identificar a los autores, y una palpable falta de recursos y expertos dedicados a combatir este tipo de crimen. La situación se agrava cuando se trata de estafas de menor cuantía, donde la asignación de recursos financieros y humanos se vuelve aún más difícil.
La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal de 2016 sostiene que «cuando no exista autor conocido del delito, la policía judicial conservará el atestado a disposición del ministerio fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo», salvo que concurra algunas circunstancias, como que se traten de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad sexual o los relacionados con la corrupción. Por lo tanto, si la policía no averigua el autor o autores de la estafa informática, el caso no acaba en los tribunales.
Otro de los impedimentos para llegar hasta el final de un caso y a una condena es la necesidad de emitir comisiones rogatorias (ayuda judicial) para solicitar información a países extranjeros donde están domiciliadas empresas que estarían siendo utilizadas para la comisión de la estafa. Algunas de estas comisiones rogatorias no solo se eternizan en el tiempo de entrega, sino que, en ocasiones, no son ni contestadas o los datos que aportan no sirven para averiguar lo ocurrido. La fiscalía confía en que la falta de personal y medios para investigar ciberdelincuentes sea paliada.
En este contexto, surge la figura del perito informático como un aliado fundamental en la lucha contra la ciberdelincuencia. La Asociación Nacional de Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI) se posiciona en primera línea, proporcionando el conocimiento y la experiencia necesarios para desentrañar los complejos entramados detrás de cada caso. Ángel Bahamontes, presidente de la ANTPJI, subraya el papel crucial que juegan estos profesionales en entender y desmantelar operaciones de estafa digital, especialmente durante el verano, cuando los delitos cibernéticos experimentan un aumento del 30%.
Los métodos de estafa más comunes incluyen el phishing, fraudes en compras por internet y, alarmantemente, la proliferación de contenido de pornografía infantil. La legislación actual, aunque intenta adaptarse a los nuevos desafíos, todavía encuentra obstáculos significativos, como la dificultad para emitir comisiones rogatorias internacionales, esenciales para solicitar información a países donde residen las empresas implicadas en las estafas.
La ANTPJI, consciente de este panorama, ofrece no solo su pericia técnica sino también recomendaciones prácticas para prevenir caer en las garras de los ciberestafadores. Desde estar alerta a mensajes sospechosos que suplanten la identidad de familiares hasta ejercer precaución con las redes wifi públicas y los puertos USB, son consejos que pueden hacer la diferencia entre disfrutar de unas vacaciones tranquilas o enfrentarse a las consecuencias de una estafa.
La impunidad reinante en las estafas informáticas es un llamado de atención sobre la necesidad urgente de reforzar nuestras defensas digitales, tanto a nivel personal como institucional. En este esfuerzo, la labor de los peritos informáticos de la ANTPJI es indispensable, no solo para llevar a los delincuentes ante la justicia sino también para educar a la sociedad sobre cómo protegerse en el ciberespacio. La batalla contra la ciberdelincuencia es compleja, pero con la colaboración entre expertos, autoridades y ciudadanía, podemos aspirar a un entorno digital más seguro para todos.
