En el ámbito legal, los correos electrónicos se han convertido en una pieza crucial de evidencia en numerosos litigios, especialmente cuando se busca esclarecer hechos o conversaciones entre partes implicadas. No obstante, surge una pregunta importante: ¿son válidos los correos electrónicos como prueba en sede judicial? Además, ¿Cómo podemos garantizar la autenticidad e integridad de un correo electrónico presentado en un juicio? Aquí, la respuesta recae en la calidad del análisis forense que se realiza sobre el correo electrónico, un proceso que resulta vital para evitar la impugnación de pruebas por parte de la otra parte.
Un correo electrónico, como evidencia digital, es susceptible a manipulaciones. Basta con descargar lo que se conoce como “cabecera” del correo, abrirla en un editor de texto y modificar el código MIME para alterar detalles como la fecha, hora, remitente y destinatario, así como el contenido del mensaje. Estas modificaciones pueden tener consecuencias legales significativas, especialmente si se utilizan para presentar una comunicación falsa. Por esta razón, el análisis forense de correos electrónicos es esencial para certificar su autenticidad y proteger su valor probatorio en un proceso judicial.
Cuando se presenta un correo electrónico en un juicio, la otra parte puede cuestionar su validez alegando la facilidad con la que se pueden crear y modificar estos documentos. También puede argumentarse que se está vulnerando el derecho a la privacidad o al secreto de las comunicaciones. En el caso reciente que gestionamos en GUERRERO & ASOCIADOS, ABOGADOS, durante una reclamación judicial contra una aseguradora, la parte contraria impugnó las comunicaciones digitales presentadas, alegando que nunca las había recibido.
Para resolver esta disputa, recurrimos a los servicios del perito Ángel Bahamontes, presidente de la ANTPJI, quien presentó un informe pericial que certificaba la autenticidad de las comunicaciones. Gracias a este análisis, el juez admitió la prueba y le otorgó plena validez en la fase probatoria, lo cual fue un factor decisivo para el caso. Aunque estamos a la espera de la vista oral, el valor de esta prueba pericial es innegable y seguramente será fundamental para un resultado favorable.
El Sr. Bahamontes llevó a cabo un minucioso análisis forense del correo electrónico, centrado en verificar la autenticidad y la integridad de la prueba. Este proceso incluyó el estudio detallado de las cabeceras del correo, un elemento crucial para detectar cualquier posible manipulación en la información presentada. Al analizar estos datos, se pudo confirmar que no había alteraciones en aspectos clave como la fecha, hora de envío, remitentes y contenido del mensaje.
Este tipo de pruebas se rigen por los principios legales aplicables a documentos privados, como lo establece el artículo 325 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 268, que detalla los requisitos para la presentación de documentos privados. En este contexto, las evidencias digitales, siempre y cuando no sean impugnadas, pueden presentarse mediante copia simple.
Dado que la parte contraria impugnó las comunicaciones telemáticas que se presentaron en el juicio, fue indispensable contar con un perito experto que validara, mediante un análisis forense riguroso, la veracidad y precisión de estas pruebas. Aquí radicó la importancia de la intervención del Sr. Bahamontes, quien, a través de un control exhaustivo y respetando la cadena de custodia en todo momento, pudo certificar que las comunicaciones presentadas por nuestro despacho cumplían con todas las garantías probatorias exigidas en un proceso judicial.
