El uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial es un tema de creciente interés a nivel global. Recientemente, la Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia T-323 de 2024, ha emitido un fallo de gran relevancia sobre el uso de la IA en la labor de los jueces, específicamente en el contexto de la aplicación del modelo Chat GPT 3.5. Esta sentencia representa un hito al abordar por primera vez la relación entre la tecnología avanzada y los principios constitucionales, como el derecho fundamental al debido proceso. Dado el impacto de esta resolución, es pertinente analizarla en profundidad y evaluar su posible aplicación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España.
La Corte Constitucional colombiana se pronunció sobre un caso en el que un juez de segunda instancia utilizó Chat GPT 3.5 como herramienta de apoyo para resolver un litigio relacionado con la negación de servicios médicos a un menor de edad con trastorno del espectro autista. La madre del menor interpuso una acción de tutela, alegando que la intervención de la IA podía haber afectado el derecho fundamental al debido proceso.
El eje central de la sentencia gira en torno a la incertidumbre sobre la motivación judicial, es decir, si la decisión fue realmente tomada por el juez o por la IA. En este contexto, la Corte abordó varios puntos de interés, como:
- El uso de la IA en el sistema judicial y su impacto en los derechos fundamentales.
- El marco regulatorio y las buenas prácticas en torno a la IA, tanto a nivel nacional como internacional.
- La garantía del juez natural en un sistema jurisdiccional que emplea IA.
La Corte descartó que la función jurisdiccional del juez hubiera sido sustituida por el uso de Chat GPT 3.5, argumentando que la decisión final fue tomada por el juez humano, quien utilizó la IA como una herramienta de consulta, sin que esta afectara el proceso de motivación judicial. Sin embargo, el tribunal sí reconoció la falta de regulación sobre la responsabilidad y transparencia en el uso de estas tecnologías, sugiriendo la necesidad de un marco normativo que garantice el respeto por el debido proceso.
Esta sentencia plantea cuestiones relevantes sobre cómo el uso de IA en el sistema judicial podría ser adoptado y regulado en otros países, incluido España. En este sentido, se pueden destacar algunos puntos clave que deberían ser considerados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al evaluar la posibilidad de introducir IA en la práctica judicial española:
- Responsabilidad y Transparencia: La Corte colombiana subraya la necesidad de garantizar que los jueces sigan siendo los responsables últimos de sus decisiones, incluso cuando utilicen herramientas de IA como apoyo. En este sentido, sería fundamental que en España se implementaran mecanismos de transparencia que permitan a las partes del proceso judicial conocer cuándo y cómo se ha utilizado la IA en una sentencia.
- Guías Éticas y Directrices de Uso: La sentencia también insta a la creación de directrices claras sobre el uso de la IA en el ámbito judicial. En el caso de España, el CGPJ podría considerar la elaboración de un manual de buenas prácticas que defina los criterios de uso responsable de la IA, asegurando que se respeten principios como la igualdad, la equidad y la privacidad.
- Formación y Capacitación: Un aspecto clave de la sentencia colombiana es la formación de los jueces en el uso de la IA. En España, sería necesario que los operadores judiciales recibieran capacitación adecuada para comprender el funcionamiento de estas tecnologías y cómo pueden integrarse de manera responsable en sus decisiones. Esto podría incluir cursos sobre la ética de la IA, así como talleres prácticos sobre su uso en casos judiciales.
- No Sustitución de la Racionalidad Humana: Un punto central de la sentencia es que la IA no puede sustituir el papel del juez como operador humano del derecho. La decisión judicial debe basarse en el razonamiento crítico y en la interpretación de la ley, no en las recomendaciones generadas automáticamente por una IA. Por lo tanto, cualquier adopción de estas tecnologías en España debería garantizar que la IA sea solo un apoyo y no un sustituto del juez.
- Seguimiento Continuo y Adaptación: Dado que la tecnología avanza rápidamente, la Corte colombiana recomienda un seguimiento continuo y la adaptación de las regulaciones en función de los desarrollos tecnológicos. España podría beneficiarse de un órgano de supervisión encargado de evaluar el impacto de la IA en los procesos judiciales, ajustando las normativas según sea necesario para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El Futuro de la IA en el Poder Judicial: El uso de modelos de predicción lingüística como Chat GPT, Gemini Advanced o Copilot PRO ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia en el trabajo de los jueces, pero también plantea desafíos éticos y legales. La Corte Constitucional de Colombia ha dado un paso importante al reconocer tanto las ventajas como los riesgos de estas tecnologías, instando a los órganos judiciales a adoptar un enfoque equilibrado que respete los principios de transparencia, responsabilidad y autonomía del juez.
En España, el Consejo General del Poder Judicial debería tomar en cuenta estas recomendaciones y explorar cómo la IA puede integrarse de manera justa y eficiente en el sistema judicial, sin comprometer los derechos fundamentales. Esto incluiría el desarrollo de un marco normativo que permita el uso responsable de la IA en la toma de decisiones judiciales, siempre bajo la supervisión y el control humano.
La sentencia de la Corte Constitucional de Colombia marca un precedente importante en el uso de la IA por los jueces, subrayando la importancia de garantizar la transparencia, la responsabilidad y el respeto por los derechos fundamentales en su implementación. Para España, esta sentencia puede servir como referencia clave en el debate sobre cómo regular el uso de la IA en el sistema judicial, con el fin de asegurar que la tecnología sea un aliado del juez y no un sustituto de la racionalidad humana.
