Unicaja se encuentra bajo el escrutinio judicial luego de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Avilés (Asturias) dictaminara una sentencia sin precedentes, ordenando al banco la restitución de la sorprendente cifra de 71.824 euros a una familia que fue víctima de un elaborado esquema de phishing. Este fallo, considerado histórico en el ámbito de la seguridad bancaria, resalta una preocupación creciente sobre la responsabilidad de las instituciones financieras en la protección de los activos de sus clientes en línea.
El veredicto judicial surge en un momento crítico para Unicaja, durante su proceso de fusión con Liberbank, lo que plantea interrogantes sobre la diligencia debida del banco en garantizar la seguridad de sus servicios electrónicos. La sentencia destaca la presunta negligencia de Unicaja al no adoptar medidas adecuadas para prevenir el fraude cibernético, lo que resultó en pérdidas financieras significativas para la familia afectada.
La investigación reveló que los ciberdelincuentes lograron acceder a las credenciales de varios usuarios de la banca electrónica de Unicaja, aprovechando la confusión durante el proceso de fusión. Este sofisticado esquema de fraude resultó en transferencias fraudulentas de decenas de miles de euros y cargos indebidos en tarjetas de crédito para la familia afectada.
El juez a cargo del caso, Joaquín Colubi Mier, falló a favor de los demandantes, concluyendo que Unicaja incumplió sus obligaciones contractuales y extracontractuales al no garantizar la seguridad adecuada de sus servicios en línea. La sentencia destaca la falta de medidas preventivas por parte del banco para proteger a sus clientes de posibles fraudes, y cuestiona la eficacia de los sistemas de detección de actividades sospechosas.
Esta decisión judicial establece un precedente significativo en el ámbito legal, subrayando la necesidad de que las instituciones financieras refuercen sus medidas de seguridad cibernética en un mundo cada vez más digitalizado. Aunque Unicaja tiene la opción de apelar la sentencia, este caso resalta la importancia de la protección de los datos personales y financieros de los consumidores, y plantea desafíos éticos y morales para las entidades financieras en la era digital.
