Hay un momento, repite una y otra vez en las puertas de las oficinas de Extranjería, que vale entre 30 y 200 euros. No es un producto. No es un servicio privado. Es una cita. Una cita con una administración pública que, por definición, debería ser gratuita para todos los ciudadanos. Y, sin embargo, miles de personas en España pagan por algo que constitución y leyes garantizan como derecho fundamental. Nadie la obligó a crear un mercado negro. Nadie la obligó a tolerarlo. Y, sin embargo, aquí estamos, en 2026, hablando de un problema que llevan años conociéndolo y que parece imposible resolver.
Esta es la historia de cómo un sistema pensado para organizar mejor los servicios públicos se convirtió en la puerta trasera de una de las estafas más sofisticadas y lucrativas de la España digital.
Todo empezó con la Pandemia
En marzo de 2020, España, como el resto del mundo, enfrentó una situación sin precedentes. Las administraciones públicas cerraron sus oficinas o limitaron drásticamente la atención presencial. Para garantizar la distancia social, se implementó la llamada cita previa obligatoria: un sistema digital que permitía a los ciudadanos reservar un horario concreto para realizar sus gestiones.
En ese momento, nadie cuestionó la medida. Era lógica, era necesaria y era temporal. O eso se pensó.
Meses después, cuando las restricciones sanitarias desaparecieron, la cita previa no desapareció con ellas. Se quedó. Se institucionalizó. Y se convirtió en el único camino para acceder a servicios públicos como el SEPE, la Seguridad Social, Extranjería, Hacienda o los registros civiles. Lo que fue una medida de emergencia se transformó en una barrera permanente entre el ciudadano y el Estado.
Y aquí comienza el problema real: nadie reforzó el sistema para soportar la demanda. Las oficinas no se abrieron de nuevo con la misma intensidad. El personal no se replenió. Y los sistemas digitales, lejos de estar preparados para gestionar millones de solicitudes simultáneas, colapsaron bajo el peso de una demanda que no tenía otra salida.
Para entender por qué existe un mercado negro de citas, es necesario entender primero por qué no hay suficientes citas disponibles. Y la respuesta es brutalmente simple: no hay suficiente gente para atenderlas.
El SEPE, uno de los organismos más afectados, ofrece un ejemplo claro. Entre 2022 y 2024, perdió 1.412 trabajadores por jubilación. Solo en los primeros meses de 2025, otros 725 abandonaron sus puestos. La plantilla necesaria para cubrir la demanda ronda los 12.000 empleados, pero el organismo apenas supera los 7.300. Es decir, el SEPE opera con casi el 40% menos de personal del que necesitaría para funcionar correctamente.
Este problema no es exclusivo del SEPE. La Administración General del Estado tiene una plantilla que es casi un 10% inferior a la de antes de la crisis financiera de 2008. Y el envejecimiento es alarmante: el 60% de los empleados públicos centrales se jubilará en los próximos diez años.
El resultado es inmediato y visible: citas que no aparecen, webs que colapsan, teléfonos que no responden. Y ciudadanos que, atrapados entre la urgencia de sus necesidades y la imposibilidad del sistema, buscan soluciones fuera de los canales oficiales.
El negocio: cómo los bots secuestraron un derecho ciudadano
Cuando un sistema no funciona y la necesidad es urgente, la economía informal no tarda en aparecer. En este caso, llegó con una velocidad y una sofisticación que poca gente esperaba.
Redes criminales organizadas desarrollaron programas informáticos conocidos como bots, herramientas automatizadas capaces de acceder al sistema de citas de la Administración General del Estado las 24 horas del día. Estos programas no solo enviaban solicitudes de forma masiva y repetitiva, sino que además evitaban los mecanismos de seguridad diseñados para detectarlos, como los captcha, y utilizaban conexiones VPN para ocultar su dirección digital real y evitar ser bloqueados por el servidor.
El resultado fue devastador: estos bots acaparaban prácticamente toda la disponibilidad de citas en determinadas provincias, dejando el sistema completamente inaccesible para los ciudadanos corrientes.
Una vez obtenidas las citas, la red las revendia a través de plataformas como Wallapop, Milanuncios, grupos de Telegram y hasta redes sociales. Los precios variaban según el organismo y la urgencia: desde 30 euros para una cita estándar en el SEPE hasta 200 euros para trámites de Extranjería, y en algunos casos se han documentado cifras que superan los 600 euros.
Los intermediarios de estas redes no son desconocidos, según informes policiales, figuran abogados, gestores administrativos y otros profesionales que conocen perfectamente la importancia de los trámites y el daño que causa tanto a los ciudadanos como al sistema público.
En una de las operaciones más relevantes, la Policía Nacional desmanteló una red que operaba desde varias provincias españolas. La investigación culminó con la detención de 69 personas y otras 25 investigadas por pertenencia a organización criminal y daños informáticos. En otra operación posterior, en noviembre de 2024, se detuvo a 21 personas en Alicante, Valencia y Murcia. La estructura criminal generaba según estimaciones policiales hasta 90.000 euros mensuales por cada uno de sus miembros activos.
¿Quién es responsable? La pregunta que nadie quiere responder
Es tentador buscar un único culpable en esta historia. Pero la realidad es más compleja, y la responsabilidad se distribuye entre varios actores.
La Administración conoce el problema desde al menos 2020. En ese año, el SEPE presentó una denuncia ante la Fiscalía para intentar atajar la compraventa de citas. La denuncia fue archivada por falta de pruebas. Desde entonces, sindicatos como CSIF y UGT han denunciado repetidamente la situación, alertando de la falta de personal y de los sistemas digitales insuficientes. La UGT ha exigido públicamente una auditoría sobre qué organismos están siendo afectados y cómo, además de medidas de seguridad más robustas en los sistemas de solicitud.
Pero más allá de la gestión operativa, existe un debate jurídico fundamental que complica el panorama aún más. Varios expertos en derecho público y administrativa argumentan que la cita previa obligatoria en sí misma no tiene cobertura legal suficiente. El artículo 103 de la Constitución Española establece que la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la ley. Según estos expertos, imponer la cita previa como requisito indispensable para acceder a servicios públicos, sin que ninguna norma con rango de ley lo establezca, vulnera ese principio constitucional.
El Síndic de la Generalitat Valenciana, en su informe anual de 2022, afirmó que mantener la cita previa obligatoria después de que desaparecieron las restricciones pandémicas infringía derechos reconocidos a la ciudadanía por la Ley de Procedimiento Administrativo Común. El Defensor del Pueblo y varios defensores autonómicos han llegado a conclusiones similares.
Es un círculo paradójico: un sistema que puede ser ilegal en su planteamiento genera las condiciones perfectas para que un negocio claramente ilegal prospere dentro de él.
No todos los ciudadanos están en la misma posición frente a este sistema. Las personas mayores, con acceso limitado a la tecnología o sin habilidades digitales suficientes, encuentran en la cita previa obligatoria una barrera casi insuperable. Muchos de ellos dependen de familiares o conocidos para realizar los trámites, y cuando esos no están disponibles, el sistema sencillamente se cierra para ellos.
Los inmigrantes y solicitantes de asilo se encuentran en una situación aún más vulnerable. Sus trámites son a menudo urgentes, vinculados directamente a su situación legal en el país, y el retraso en obtener una cita puede tener consecuencias reales sobre su seguridad y sus derechos. Es precisamente este grupo al que más agresivamente se dirige el mercado negro: personas que no pueden esperar, que no conocen el sistema y que, en desesperación, pagan lo que les piden.
La brecha digital no es un concepto abstracto en esta historia. Es una realidad que separa a los ciudadanos en dos clases: los que pueden navegar el sistema y los que no.
No falta de intentos ni de anuncios. En enero de 2024, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, anunció que el Gobierno modificaría la Ley de Procedimiento Administrativo Común para eliminar la obligatoriedad de la cita previa. El objetivo era claro: garantizar que los ciudadanos pudieran acceder a los servicios públicos por varios canales, sin que uno solo fuera el único camino.
En julio de 2025, el Gobierno presentó un plan más ambicioso: una inversión de 43 millones de euros para crear una plataforma soberana de inteligencia artificial que ayudaría a modernizar la gestión administrativa, reducir tiempos de espera y garantizar la seguridad y privacidad de los datos ciudadanos. El ministro Óscar López presentó esta estrategia como un paso hacia una Administración más eficiente y accesible.
Algunos territorios ya han tomado medidas concretas. Varias comunidades autónomas y municipios, como la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias o los ayuntamientos de Madrid, A Coruña y Vigo, han suprimido la obligatoriedad de la cita previa y han vuelto a permitir la atención sin reserva previa.
Pero la pregunta fundamental sigue sin resolverse a nivel nacional: ¿cuánto tiempo pasará hasta que un ciudadano pueda ir a cualquier oficina pública de este país sin tener que pagar a un intermediario para que le dejen entrar?
Lo que los ciudadanos pueden hacer ahora
Mientras la situación se resuelve institucionalmente, hay vías que no todos conocen pero que pueden marcar la diferencia.
La primera es recurrir al Defensor del Pueblo o a los defensores autonómicos. Sus informes ya reconocen la ilegalidad de la cita previa obligatoria, y presentar una queja formal es un mecanismo que no cuesta nada y que genera un registro oficial de la situación.
La segunda es conocer que muchas administraciones mantienen canales alternativos: correos electrónicos específicos, líneas telefónicas y, en algunos casos, atención presencial sin cita que no siempre se publicita con la misma visibilidad que el sistema digital.
Y la tercera, quizás la más importante, es no pagar. Cada euro que circula en este mercado negro es un euro que refuerza el sistema que lo mantiene vivo. No es un juicio sobre las personas que pagan, porque muchas de ellas no ven otra salida. Es un recordatorio de que la normalización de un problema no implica que sea inevitable.
La historia de la cita previa en España no es solo una historia de burocracia. Es una historia sobre cómo un Estado puede, sin intención explícita, crear las condiciones perfectas para que un derecho ciudadano se convierta en una mercancía. Es una historia sobre la brecha digital y sobre quiénes pagan el precio cuando la tecnología falla. Y es, también, una historia sobre la velocidad con la que los que menos pueden permitirse perder tiempo son los primeros en quedarse fuera.
España tiene la tecnología para resolver este problema. Tiene las instituciones. Tiene los marcos legales. Lo que parece faltar es la voluntad colectiva para que la eficiencia administrativa no se convierta en un privilegio reservado para quienes saben navegar el sistema.
Porque una administración que no atiende a todos por igual no es una administración. Es una bienvenida selectiva.
