Un Archipiélago Digital… y Vulnerable
Canarias, tierra de volcanes y de luz, se ha reinventado en la última década como laboratorio de “islas inteligentes”. Turismo inteligente, administración electrónica, teletrabajo, startups tecnológicos, aulas virtuales, banca online, booking sin fronteras… El salto digital es incuestionable. Pero ¿a qué precio? ¿Se está protegiendo realmente la vida digital de las islas, con sus empresas, instituciones y ciudadanos?
La pregunta es incomoda, pero urge: ¿Es Canarias un entorno digital seguro?
La verdad incómoda: una puerta abierta al cibercrimen
Detrás de los titulares sobre innovación, los congresos sobre turismo digital, las subvenciones para modernizar la administración, tarde un fantasma que nadie quiere mirar de frente: la ciberseguridad en Canarias está años por detrás de la digitalización. Y cuando la velocidad del cambio supera a la de la protección, el escenario resulta explosivo.
En los últimos meses, los expertos en ciberseguridad hemos detectado patrones preocupantes que se repiten en cada isla, cada municipio, cada sector:
- Ayuntamientos sin auditorías externas, ni planes de contingencia ante ataques digitales.
- Webs oficiales con el SSL caducado o directamente sin cifrar, expuestas a intercepción de datos y manipulación.
- Empresas que almacenan información de clientes y nóminas en servidores obsoletos, sin actualizaciones ni políticas de contraseñas seguras.
- Colegios y familias que acceden a plataformas educativas, apps y redes sociales sin un conocimiento básico de higiene digital.
Parece mentira, pero el eslabón más débil de la cadena es, con frecuencia, el más expuesto: la administración local, las PYMEs, la educación y los ciudadanos de a pie. Amenazas invisibles: ransomware, phishing, hackeos y filtraciones
En los dos últimos años, varios ayuntamientos canarios han sido víctimas de ataques de ransomware: los sistemas municipales, paralizados durante días; archivos cifrados; expedientes bloqueados; y en algunos casos, filtración de datos personales de millas de ciudadanos. A veces la noticia trasciende a los medios, otras se ocultan bajo comunicados blandos. El resultado: servicios esenciales paralizados, pérdida de confianza y un rastro de daños que no siempre se contabilizan.
El problema no es solo tecnológico: a menudo falta incluso un protocolo de información al ciudadano, y las propias instituciones carecen de criterios claros sobre cómo actuar tras el incidente.
El ciberdelincuente ni siquiera necesita ser un genio: Canarias es, digitalmente, una puerta abierta.
Las pequeñas y medianas empresas (PYME), tan vertebradoras de la economía insular, son uno de los grandes focos de preocupación. El 90% reconoce que la digitalización es clave, pero muy pocos invierten en seguridad real:
- Mucha nube gratuita, poco cifrado y casi nula formación al personal.
- Correos electrónicos comprometidos, archivos “confidenciales” compartidos por WhatsApp y ausencia total de un protocolo de incidentes digitales.
- Cuando llega la estafa, robo de datos o sabotaje, la reacción es el desconcierto… y, muchas veces, el silencio.
En el ámbito doméstico, la exposición es total: niños y jóvenes hiperconectados, contraseñas débiles, dispositivos IoT sin protección, redes WiFi domésticas abiertas, consumo masivo de aplicaciones sin verificar los permisos. El resultado: suplantaciones, acceso no autorizado a webcams, acoso digital y fraudes bancarios en aumento.
El papel del perito informático: cuando la justicia depende de la prueba digital
Cuando finalmente se detecta el ataque —ya sea una extorsión digital a un ayuntamiento, una filtración de datos médicos en un hospital, un acoso escolar por Instagram o una estafa bancaria a un jubilado— empieza otra carrera: la investigación forense digital.
Aquí es donde la figura del perito informático forense cobra un protagonismo absoluto. Es el profesional que:
- Analiza discos, servidores, registros de actividad, correos electrónicos y dispositivos móviles.
- Identifica la vulnerabilidad explotada o el error humano que abrió la brecha.
- Reconstruye la cronología del ataque, preserva la cadena de custodia digital y elabora informes comprensibles para jueces y abogados.
- Permite demostrar ante la justicia el qué, el cómo y el quién… o exponer la imposibilidad de hacerlo por falta de medidas técnicas de protección.
Sin peritos informáticos especialistas, la impunidad digital es la norma y las víctimas no pueden demostrar ni cuantificar el daño sufrido.
En Canarias, cada vez más abogados y jueces reconocen que sin peritaje profesional, la justicia digital es una aspiración inalcanzable.
Falta de conciencia y de prevención: la tormenta perfecta
¿Por qué pasa todo esto?
- Porque la velocidad de la digitalización ha superado el ritmo de la formación.
- Porque muchas administraciones y empresas siguen considerando la ciberseguridad un “gasto”, y no una inversión básica.
- Porque hay una ausencia total de auditorías periódicas y protocolos claros.
Muchos responsables públicos y privados operan bajo la lógica del “si no ha pasado nada, será que está todo bien” … hasta que sucede.
Pero cuando sucede, el daño reputacional y económico puede ser imposible de reparar. Cada euro que se ahorra en prevención se multiplica en pérdidas (y en demandas) tras el incidente.
¿Qué necesitamos para un entorno digital seguro en Canarias?
La respuesta no es solo más ordenadora ni leyes. Hace falta una estrategia global que contemplar:
- Formación digital de verdad: Dirigida a equipos técnicos, empleados, directivos, familias y estudiantes. No se trata solo de aprender a usar una herramienta, sino de saber protegerse en el uso diario de la tecnología, conocer el phishing, los riesgos de redes WiFi abiertas, la gestión de contraseñas seguras y la reacción ante un incidente.
- Auditorías técnicas periódicas: Externas e independientes, que van más allá del simple “antivirus activado”. Se debe analizar sistemas, comunicaciones, accesos remotos, software y “puntos ciegos”, y ayudar a implementar un plan de contingencia ante incidentes.
- Contar con expertos informáticos profesionales y accesibles: Sin expertos que sepan preservar evidencias, reconstruir incidentes y traducir el “lenguaje técnico” al ámbito judicial, no puede haber justicia digital efectiva. Su figura es garantía de que los ciudadanos, empresas e instituciones tengan derecho real a la protección y reparación.
- Protocolos claros para incidentes digitales: Ya no puede ser un tema improvisado. Es imprescindible que empresas, centros educativos y administraciones tengan mecanismos para actuar rápidamente y comunicar al afectado, evitando la desinformación y el pánico.
- Campañas de sensibilización y colaboración público-privada: El cibercrimen no distingue de edades ni sectores. Es vital impulsar campañas constantes, con presencia real en prensa, colegios, asociaciones empresariales y redes sociales, poniendo en valor historias cercanas y soluciones prácticas.
¿Canarias, isla segura o “paraíso del cibercrimen”?
Con un turismo que deja millones de datos cada año, decenas de instituciones públicas digitalizadas y más de 2 millones de habitantes conectados, Canarias es tan atractiva para el cibercrimen como lo es para el turismo tradicional.
- El secuestro de datos municipales se ha cobrado ya semanas de servicios públicos bloqueados.
- Robos de identidades y suplantación en tramitaciones oficiales online están en auge.
- Las estafas de phishing y BEC (Business Email Compromise) se disparan especialmente en sectores como hostelería, inmobiliarias y tiendas online.
- Incluso casos de “ciberokupación” y extorsión con webcams hackeadas ya han llegado a los tribunales insulares.
Sin prevención, la pregunta es solo “cuándo ya quién toca” ser víctima.
El desafío: hacer visible lo invisible
La ciberseguridad no da titulares bonitos. No se ve, no luce, no da votos inmediatos ni trending topic… hasta que estalla una crisis.
Pero la seguridad real solo existe cuando el sistema ha sido probado y cuenta con expertos que auditan y acompañan a la organización —o al ciudadano— desde el primer incidente hasta la recuperación y prevención futura.
En Canarias falta masa crítica de peritos y especialistas informáticos. Y sin ellos, no hay defensa ni justicia posible. Es una cuestión de derechos.
Quizás lo más grave no sea ser víctima de un ciberataque en Canarias.
Lo peor es no saber cómo fue posible, quién lo hizo, cómo probarlo y cómo evitar que vuelva a ocurrir . Eso condena a la repetición ya la indefensión.
El peritaje informático no es un lujo. Es un pilar de la justicia digital, un derecho social y una necesidad jurídica.
Los jueces y abogados no pueden enfrentarse solos al cibercrimen: necesitan informes que lo expliquen, lo documenten y lo puedan rebatir.
Conclusión: Canarias necesita ciberseguridad… y necesita peritos
Canarias será tan segura digitalmente como lo sean sus instituciones, empresas y ciudadanos.
El futuro —económico, social y también turístico— depende desde ya en cerrar la brecha entre digitalización y protección.
Hace falta cultura digital, formación real, auditoría externa, y una red insular de peritos informáticos independientes y bien formados.
Porque solo así podremos decir, algún día, que Canarias no es solo un paraíso para turistas y nómadas digitales, sino también una isla segura y ejemplar en el siglo XXI .
¿Ha sufrido o conocido un incidente digital en Canarias? ¿Tienes dudas sobre cómo actuar tras un ataque o fraude online? En TecFuturo seguiremos dando voz a los expertos y elevando el debate sobre la seguridad y los derechos digitales en las islas.
