La huelga de jueces y fiscales iniciada el 1 de julio de 2025 ha vuelto a poner en jaque al sistema judicial español. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), a través de su presidente Salvador González, ha alertado sobre los “daños incuestionables” que ya ha provocado el primer día de paro: decenas de miles de asuntos afectados que, según la Abogacía, no se resolverán durante 2025, agravando una situación ya crítica con casi ocho millones de asuntos pendientes. Pero, ¿cómo se vive este colapso desde la trinchera tecnológica? ¿Qué papel juegan los peritos informáticos en este escenario de parálisis judicial?
La huelga, convocada por cinco asociaciones judiciales y fiscales, responde a la protesta por reformas legislativas que afectan al acceso y estatuto de la carrera judicial y fiscal. El seguimiento, cifrado en torno al 75% según los organizadores, ha supuesto la suspensión masiva de juicios, vistas y señalamientos, con servicios mínimos garantizados solo para asuntos de guardia, medidas cautelosísimas y casos de especial vulnerabilidad.
El presidente de la Abogacía ha sido claro: “Sea cual sea la incidencia de la huelga, un solo día es mucho y el impacto es grande”. Los decanos de los colegios de abogados han reportado incidencias, suspensiones y desplazamientos en vano en todo el país. El resultado: una justicia aún más lenta y un daño directo a la tutela judicial efectiva de miles de ciudadanos y profesionales.
El papel (invisible) del perito informático en la crisis judicial
En medio de este colapso, la figura del perito informático adquiere una relevancia estratégica, aunque muchas veces pase desapercibida para la opinión pública. La función del perito informático es aportar pruebas técnicas y objetivas en procedimientos judiciales, ya sea en materia penal, civil, laboral o mercantil. Sin embargo, la paralización de la actividad judicial tiene un impacto directo y múltiple sobre su trabajo:
Suspensión y retraso de periciales: La primera consecuencia evidente es la suspensión de vistas y juicios donde la prueba pericial informática es clave. Cada día de huelga implica informes que quedan sin ser ratificados, pruebas que no pueden practicarse y evidencias digitales que, en algunos casos, pueden degradarse o perderse con el tiempo. En delitos tecnológicos, donde la volatilidad de la prueba digital es crítica, estos retrasos pueden ser irreparables.
Cadena de custodia y conservación de la evidencia: La cadena de custodia es uno de los pilares de la prueba digital. La huelga complica la entrega, depósito y custodia de dispositivos y soportes electrónicos en los juzgados. Si no se articulan medidas de urgencia, existe el riesgo de que evidencias clave permanezcan semanas o meses sin el tratamiento adecuado, comprometiendo su integridad y validez futura.
Notificaciones y comunicación electrónica: La Abogacía ha reclamado que se avise con antelación suficiente de las vistas y juicios suspendidos. Para los peritos informáticos, que suelen coordinarse con despachos, clientes y juzgados a través de plataformas electrónicas (LexNET, e-justicia, correo seguro), la falta de notificaciones claras y a tiempo puede generar confusión, desplazamientos innecesarios y pérdidas económicas.
Impacto en la agenda y la carga de trabajo: El retraso en la tramitación de asuntos judiciales no solo afecta a los ciudadanos y abogados, sino también a los peritos, que ven cómo su agenda se desborda y se solapan los procedimientos reagendados con nuevos encargos. La incertidumbre sobre las fechas de vista y la posible acumulación de ratificaciones en periodos cortos puede comprometer la calidad del trabajo pericial y aumentar el estrés profesional.
Planes de recuperación y digitalización: La Abogacía ha pedido a las administraciones que, una vez finalizada la huelga, se implementen planes de recuperación para reagendar los procedimientos afectados “tan pronto como sea posible”. Aquí, los peritos informáticos pueden y deben ser aliados estratégicos: la digitalización de expedientes, la gestión eficiente de la documentación electrónica y la automatización de procesos pueden ser claves para acelerar la vuelta a la normalidad.
La huelga ha puesto de manifiesto, una vez más, la fragilidad tecnológica del sistema judicial español. A pesar de los avances en digitalización, la realidad es que muchos juzgados siguen dependiendo de procedimientos manuales, notificaciones en papel y sistemas informáticos poco interoperables. Para los peritos informáticos, esto supone una doble dificultad: por un lado, la complejidad de acceder a expedientes y pruebas digitales; por otro, la dificultad de garantizar la trazabilidad y autenticidad de la documentación en entornos híbridos.
La falta de un sistema judicial plenamente digitalizado agrava los efectos de la huelga y dificulta la adopción de medidas de contingencia efectivas. La interoperabilidad entre sistemas, la comunicación segura y la gestión eficiente de la prueba digital siguen siendo asignaturas pendientes.
Propuestas desde la ANTPJI para minimizar el impacto
Desde la perspectiva de Angel Bahamontes, presidente de la ANTPJI, existen medidas concretas que podrían ayudar a mitigar los daños derivados de la huelga y, en general, de la sobrecarga judicial:
- Digitalización integral de la cadena de custodia: Implantar sistemas electrónicos que permitan registrar, custodiar y monitorizar la evidencia digital en tiempo real, evitando pérdidas o manipulaciones durante periodos de inactividad judicial.
- Notificaciones automáticas y trazables: Mejorar los sistemas de comunicación electrónica para garantizar que todas las partes (incluidos peritos y técnicos) reciban avisos inmediatos y fiables sobre la suspensión o reprogramación de vistas y juicios.
- Gestión inteligente de la agenda judicial: Utilizar herramientas de inteligencia artificial para reagendar procedimientos de forma eficiente, evitando solapamientos y priorizando los asuntos más urgentes o sensibles.
- Formación y sensibilización tecnológica: Capacitar a jueces, fiscales, abogados y peritos en el uso de herramientas digitales, para reducir la dependencia de procedimientos manuales y agilizar la tramitación de pruebas electrónicas.
- Colaboración público-privada: Impulsar acuerdos entre la Administración de Justicia y entidades especializadas en tecnología y pericia informática para implementar soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades reales del sistema.
Como ha recordado el presidente de la Abogacía, “detrás de cada juicio suspendido hay ciudadanos y profesionales que no han podido ejercer hoy el derecho a la tutela judicial efectiva que les reconoce nuestra Constitución”. Para los peritos informáticos, cada retraso puede suponer la pérdida de oportunidades para esclarecer hechos, proteger derechos y garantizar la justicia en el ámbito digital.
La huelga judicial de 2025 es un síntoma de un problema estructural que va más allá del conflicto laboral o político. Es una llamada de atención sobre la necesidad de modernizar, digitalizar y dotar de recursos a un sistema judicial que, en la era de la información, no puede permitirse el lujo de paralizarse sin consecuencias graves para la sociedad.
La crisis judicial actual exige una respuesta coordinada y urgente por parte de todos los actores implicados. Los peritos informáticos, como garantes de la prueba técnica y digital, deben ser parte activa de la solución. Solo a través de la innovación, la digitalización y la colaboración se podrá garantizar una justicia ágil, eficiente y adaptada a los retos del siglo XXI.
Mientras tanto, la realidad es que miles de procedimientos, pruebas y derechos están en suspenso. La tecnología, bien utilizada, puede ser la clave para que la justicia no vuelva a detenerse.
