La Audiencia Nacional sacude el panorama político y judicial español con el ingreso en prisión provisional del ex número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, y el conocido hacker José Luis Huertas, alias Alcasec, acusados de liderar una de las mayores redes de ciberataques y tráfico de datos sensibles de la historia reciente en España. La jueza María Tardón les atribuye un “rol central” en la organización criminal desarticulada en la operación Borraska, que habría puesto en jaque la seguridad de millones de ciudadanos y de las principales infraestructuras públicas y privadas del país.
La investigación, iniciada en 2024, destapó una sofisticada red dedicada a la intrusión en sistemas informáticos de organismos públicos, empresas energéticas, puertos, redes de transporte, plataformas educativas y compañías telefónicas. El objetivo: sustraer datos personales y corporativos a gran escala, elaborar perfiles detallados y ponerlos a la venta en el mercado negro digital. La red, según la Policía, desarrolló una plataforma tecnológica capaz de almacenar, indexar y comercializar información segmentada e individualizada, vinculada tanto a personas físicas como a entidades jurídicas e instituciones.
El papel de Francisco Martínez: blindaje legal y legitimidad
La jueza Tardón considera que Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, jugó un papel clave en el diseño y operación del “blindaje legal, patrimonial e institucional” que permitió a la red operar con continuidad, anonimato y apariencia de legitimidad. Su perfil profesional, que combina experiencia jurídica, política y vínculos institucionales, habría sido esencial para dotar de cobertura legal y blanquear la imagen pública de una estructura ilícita altamente tecnificada. Martínez habría asesorado a Alcasec desde su primera detención en 2021, cuando este era menor de edad, y facilitado la constitución de sociedades pantalla para canalizar la actividad delictiva.
Alcasec: el cerebro técnico de la red
José Luis Huertas, alias Alcasec, es considerado el líder técnico de la organización. Bajo su dirección, la red ejecutó ciberataques reiterados y planificados, logrando acceder a bases de datos confidenciales de sistemas educativos, registros civiles, abonos de transporte, compañías eléctricas y plataformas de telecomunicaciones. La información robada era procesada y explotada para crear perfiles que luego se comercializaban a terceros, en una operativa que combinaba la ingeniería informática con el blanqueo de capitales y la venta de servicios de consultoría “personalizada”.
Prisión provisional y riesgo de destrucción de pruebas
La jueza ha decretado la prisión provisional de Martínez y Alcasec ante el riesgo de destrucción de pruebas, tal y como solicitó la Fiscalía El arresto se produjo tras la intervención policial que permitió salvaguardar bases de datos con información sensible de millones de ciudadanos, considerado uno de los mayores logros de la operación Borraska. También ha ingresado en prisión otro socio de la organización, Adrián Molina, mientras que se ha solicitado la extradición desde Andorra del youtuber Álvaro Martín, presunto miembro de la
Durante su declaración ante la jueza, Francisco Martínez ha negado haberse enriquecido con datos robados y ha defendido que su papel se limitó a asesorar legalmente a Alcasec y a constituir dos sociedades a petición suya, en calidad de abogado7. Según su defensa, Martínez probó el buscador desarrollado por Huertas sin detectar nada anormal, asegurando que los datos consultados eran de fuentes abiertas o comerciales7. La jueza, sin embargo, sostiene que su implicación va mucho más allá y que su experiencia y contactos fueron determinantes para el funcionamiento y la protección de la red.
La operación Borraska ha contado con la colaboración de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el Centro Criptológico Nacional (CNI), la Policía de Andorra y autoridades judiciales de Suiza, dada la dimensión internacional de la trama y la complejidad tecnológica de la infraestructura intervenida. La investigación sigue abierta y se espera que en los próximos días se amplíen las diligencias para asegurar la integridad de las pruebas y delimitar el alcance real del daño causado.
El caso Martínez-Alcasec marca un antes y un después en la lucha contra el cibercrimen en España, al poner de manifiesto la capacidad de infiltración y corrupción de las redes criminales en las estructuras políticas y jurídicas del Estado. La prisión provisional de ambos supone un golpe de efecto en la protección de los datos personales y la seguridad institucional, pero también plantea interrogantes sobre la vigilancia, la prevención y la responsabilidad de quienes, desde posiciones de poder, pueden facilitar la expansión de estas amenazas.
