En la era de la tecnología avanzada, las prisiones españolas enfrentan un desafío inesperado: drones que introducen teléfonos móviles y otros objetos prohibidos en los centros penitenciarios. Este fenómeno, que combina la innovación tecnológica con actividades ilícitas, pone en jaque la seguridad y el orden dentro
En los últimos cinco años, las cárceles de Sevilla han incautado 270 teléfonos móviles introducidos ilegalmente, muchos de ellos mediante drones. Este método permite a los reclusos, incluidos aquellos condenados por delitos graves como terrorismo, mantener comunicaciones no autorizadas y continuar con actividades delictivas desde el interior de la prisión.
Tecnología al servicio del crimen: Los drones utilizados para estas operaciones son dispositivos avanzados, capaces de evadir los sistemas de seguridad tradicionales. Equipados con mecanismos de entrega precisos, estos drones pueden depositar su carga en áreas específicas dentro de las prisiones, eludiendo la detección por parte del personal de seguridad.
La introducción de teléfonos móviles no solo facilita actividades delictivas externas, sino que también genera conflictos internos. La posesión de estos dispositivos se convierte en una fuente de poder y control entre los reclusos, provocando tensiones, deudas y episodios de violencia.
Limitaciones de los sistemas actuales: Los inhibidores de señal instalados en muchas prisiones españolas están diseñados para bloquear redes 3G, lo que los hace ineficaces contra tecnologías más recientes como 4G y 5G. Además, la falta de recursos y formación especializada entre el personal penitenciario dificulta la detección y neutralización de estos dispositivos.
Para contrarrestar esta amenaza, se están desarrollando sistemas avanzados de detección y neutralización de drones. Estos incluyen radares, sensores acústicos, cámaras térmicas y tecnologías de interferencia de señales que pueden identificar y desactivar drones no autorizados antes de que alcancen su objetivo.
La implementación efectiva de estas soluciones requiere una colaboración estrecha entre instituciones penitenciarias, fuerzas de seguridad y expertos en tecnología. Además, es esencial proporcionar formación continua al personal penitenciario para que puedan operar y mantener estos sistemas de manera eficiente.
La utilización de drones para introducir objetos prohibidos en las prisiones representa una amenaza significativa para la seguridad y el orden en estos centros. Es imperativo que las autoridades adopten medidas proactivas, invirtiendo en tecnologías avanzadas y fortaleciendo la formación del personal, para garantizar que las prisiones sigan siendo lugares seguros y controlados.
