2025. La frontera entre la soberanía digital y el cumplimiento normativo europeo se vuelve difusa. Y Bruselas ya no tiene paciencia.
La Comisión Europea ha tomado una decisión sin precedentes: llevar a España —y a otros cuatro Estados miembros— ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplimiento flagrante de la Ley de Servicios Digitales (DSA). La acusación es tan técnica como demoledora: España no ha dotado al Coordinador Nacional de Servicios Digitales de los poderes legales necesarios para aplicar la norma. Y eso, en el universo digital hiperregulado de la UE, equivale a dejar la puerta abierta al caos.
Pero este no es solo un artículo jurídico. Es el preludio de una guerra normativa silenciosa, en la que los algoritmos, las plataformas globales y los derechos digitales se convierten en campo de batalla. En el centro del conflicto: la soberanía digital de los Estados y la capacidad real de proteger a los ciudadanos frente al poder opaco de las Big Tech.
La DSA: mucho más que una ley
La Ley de Servicios Digitales entró oficialmente en vigor en febrero de 2024. Su objetivo: establecer un marco legal uniforme para regular las plataformas digitales, desde redes sociales hasta marketplaces. Y no es una propuesta más. Es la arquitectura normativa más ambiciosa del mundo occidental frente a los gigantes tecnológicos.
Con esta ley, la UE impone nuevas obligaciones a empresas como Google, Amazon, Meta o TikTok, incluyendo:
- Eliminación rápida de contenidos ilícitos.
- Prohibición de algoritmos opacos sin supervisión.
- Transparencia publicitaria y trazabilidad.
- Responsabilidad sobre moderación de contenidos y riesgos sistémicos.
- Obligación de auditorías independientes en plataformas de gran tamaño.
Pero hay una cláusula que lo cambia todo: cada país debe nombrar un Coordinador Nacional de Servicios Digitales (DSC) con autoridad plena para fiscalizar, imponer sanciones y colaborar con el ecosistema europeo. Y aquí es donde España ha fallado.
¿Qué ha hecho mal España?
España sí nombró formalmente a un DSC. Pero, según la Comisión Europea, no le ha otorgado competencias reales para actuar. En otras palabras, tenemos una figura sin herramientas, un vigilante sin placa. Además:
- No existe todavía un régimen de sanciones vinculado a la DSA.
- No se ha establecido un canal operativo eficaz para la recepción de denuncias o actuaciones coordinadas.
- No se ha desarrollado la legislación secundaria necesaria para activar la supervisión sobre plataformas digitales.
En el lenguaje jurídico de Bruselas, esto se traduce en «incumplimiento estructural». Y en la práctica, significa que los derechos de los ciudadanos frente a los algoritmos no están protegidos.
¿Por qué importa tanto este caso?
Porque la DSA es la punta de lanza de la soberanía digital europea. Es la respuesta del Viejo Continente al salvaje oeste de las plataformas estadounidenses, al capitalismo de vigilancia y al descontrol normativo global.
En palabras simples:
Sin un Coordinador Nacional funcional, la DSA no se aplica. Y sin aplicación, no hay ley. Solo papel mojado.
Por eso, llevar a España ante el TJUE no es solo una sanción simbólica. Es una advertencia firme: no basta con cumplir en apariencia. Hay que construir capacidad institucional real.
España no está sola: la ciberdesobediencia es europea
Junto a España, otros cuatro países han sido llevados también al Tribunal: República Checa, Chipre, Polonia y Portugal. ¿Qué tienen en común? Retrasos estructurales, lentitud legislativa, dependencia de normas internas preexistentes.
Además, en paralelo, la Comisión ha enviado un dictamen motivado a 19 países —incluido de nuevo España— por no haber transpuesto la Directiva NIS2 de ciberseguridad. Esta norma, en vigor desde 2024, exige que todos los Estados miembros refuercen:
- Infraestructura crítica digital.
- Protocolos de respuesta ante incidentes.
- Supervisión de proveedores esenciales de energía, salud, transporte o telecomunicaciones.
La fecha límite era octubre de 2024. A día de hoy, más de la mitad de la Unión sigue sin cumplir.
El verdadero problema: arquitectura sin operatividad
Expertos en derecho digital alertan de una desconexión creciente entre el avance regulatorio europeo y la capacidad de los Estados para aplicarlo.
“Estamos generando normas de última generación con sistemas administrativos del siglo XX”, apunta un analista de Tecfuturo.
Esto se agrava por la falta de:
- Perfiles profesionales especializados en ciberregulación.
- Sistemas automatizados de control algorítmico.
- Infraestructuras de datos nacionales conectadas al ecosistema europeo.
¿El resultado? Un modelo de compliance fragmentado, donde cada país avanza a su ritmo y las grandes plataformas encuentran grietas por donde escapar.
¿Puede el TJUE obligar a España a reaccionar?
Sí. De hecho, la sentencia puede forzar reformas legislativas, imponer sanciones económicas y acelerar la construcción de la autoridad nacional digital.
Pero el verdadero efecto está en otro plano: la reputación institucional.
España aspira a liderar el sur europeo en transformación digital. Este incumplimiento debilita su credibilidad ante socios, empresas y organismos multilaterales.
Además, deja al país fuera de los mecanismos de cooperación proactiva en vigilancia de riesgos sistémicos, uno de los pilares de la DSA.
¿Qué puede pasar ahora? Tres escenarios posibles
- Reacción exprés del Gobierno
Aprobación de competencias reales para el DSC, creación del régimen sancionador y puesta en marcha de una autoridad digital con peso técnico. Tiempo estimado: 3-6 meses.
- Tensiones políticas internas
Diferencias entre ministerios, retrasos legislativos o bloqueo institucional. Resultado: más presión europea y potencial sanción económica.
- Reforma estructural post-sentencia
El TJUE falla contra España y fuerza una reestructuración profunda. En este escenario, la DSA se convierte en palanca para reformar toda la política digital del Estado.
¿Qué deberían hacer las empresas tecnológicas ahora?
- Auditar su cumplimiento de la DSA, aunque el marco nacional no esté aún listo.
- Asegurar trazabilidad de algoritmos, sistemas de moderación y publicidad segmentada.
- Preparar canales de transparencia y respuesta ante incidentes digitales.
- Formar a sus equipos legales y de compliance digital en el nuevo marco europeo.
Porque la falta de supervisión no exime de responsabilidad. De hecho, cuando el sistema esté operativo, los controles serán retroactivos.
¿Y qué pasa con los ciudadanos? ¿Cómo les afecta?
Sin aplicación efectiva de la DSA:
- No hay autoridad a la que reclamar si una red social elimina contenido sin motivo.
- No hay trazabilidad obligatoria de por qué se nos muestra cierto anuncio o contenido.
- No hay auditorías sobre el impacto psicológico de los algoritmos.
- No hay protocolos rápidos de retirada de contenido ilegal.
La consecuencia es clara: la brecha entre derechos digitales teóricos y protección real se agranda. El futuro se escribe en normativas invisibles
España no ha incumplido una ley cualquiera. Ha incumplido la ley que define cómo sobreviviremos como ciudadanos en un entorno regido por sistemas inteligentes, automatizados y opacos.
Y Bruselas ha decidido que no basta con prometer. Hay que cumplir. Hay que ejecutar. Hay que construir gobernanza digital real.
El caso de la DSA ante el TJUE no es una anécdota legal. Es un mensaje al corazón del proyecto europeo:
O regulamos el algoritmo, o el algoritmo nos regulará a nosotros.
¿Está España preparada para ese desafío?
En Tecfuturo seguiremos informando.
